En un contexto de incremento histórico del precio del alquiler, no son pocas las familias trabajadoras que se encuentran ante la sobrecogedora circunstancia de no poder seguir pagándolo. En muchos casos esta situación deriva en los llamados «desniveles invisibles», aquellos en los que las personas se ven obligadas a marcharse de su casa si encuentran un alojamiento más asequible en otro barrio, municipio o comarca. La marcha no es voluntaria, sinó forzada. La violencia de la vida de los marginados se expresa en cambios constantes, como la escolarización de los más pequeños, desplazamientos más largos para ir al trabajo, etc.

En otras ocasiones, las circunstancias que imposibilitan pagar el alquiler de la casa que se habita tampoco permiten pagarlo en otro lugar. Uno no puede abandonar su casa porquè no tiene alternativa. Es alentador que los mecanismos coaccionadores de los que disponen los rendistas para poder seguir extrayendo ganancias se acentúan al máximo. A través de la judicatura y la policía se produce la expulsión violenta de los alquileres de su casa.

La violencia que padecen las familias de clase trabajadora deshauciadas sigue perpetuándose por parte del vertiente supuestamente «social» del Estado, la cual en teoria vela para paliar los efectos catastròficos de la exclusión social que sigue un modelo de sociedad i Estado abocados a proteger las ganancias de empresarios i rendistas. Precisamente por su naturalidad de velar por los intereses de las clases dominantes, falla estrepitosamente a la hora de defender los intereses de la clase trabajadora, saltándose incluso su propia preponderancia en nombre de la misma Ley.

En el caso de los desnonamientos, el artículo 6 de la Ley 24/2015 (aprobada gracias a la lucha del movimiento por la vivienda) es claro: «Las administraciones públicas han de garantizar en todo caso la reasignación adecuada de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que se encuentren en proceso de desalojo de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio».

Como bien sabe el Sindicato, esta obligación es incomplerta sistemáticamente por la Generalitat y las administraciones locales de Granollers, Canovelles y Les Franqueses. Desnonament rere desnonament, vemos como la administración pública funciona muy bien a la hora de efectuar los desnonaments, pero falta estrepitosamente a la hora de proteger las vidas de las personas deshauciadas. 

Después del deshaucio, los ayuntamientos ofrecen una estancia mínima de una semana en un hostal, pensión o albergue con la posibilidad de alojaros como máximo una semana más. A veces ni eso. En muchas ocasiones, incumplen la obligación de que el rehalogo se produzca en el mismo municipio, agravando el càstigo de las familias. Después de esta minúscula ayuda, la administración se autoanula y deja a las familias absolutamente desamparadas. La excusa siempre es la misma: «la Mesa de Emergencia está saturada». La situación es absurda: la administración se lava las manos y culpa... ¡a la misma administración!

Tampoco se ejecutan las medidas que recogen el artículo 7 de la mencionada Ley para garantizar la función social de la propiedad, como la cesación obligatoria de pisos en manos de personas jurídicas que permanecen vacíos. Desde el Sindicato queremos denunciar el engranaje sistemático y efectivo de exclusión residencial que los gobernantes del PSC y aliados han establecido en Granollers, Canovelles y Les Franqueses, con unos Servicios Sociales que funcionan con un dictamen claro: incumplir la obligación de reasignación.

Per aquesta raó, assenyalem directament als alcaldes com a culpables: Alba Barnusell, Emilio Cordero i Juan Antonio Corchado. Culpables de posar l’administració al servei dels rendistes i no de les famílies treballadores. Culpables de l’exclusió residencial de la classe treballadora als seus municipis.

Por esta razón, señalamos directamente a los alcaldes como culpables: Alba Barnusell, Emilio Cordero y Juan Antonio Corchado. Culpables de poner la administración al servicio de los rendistas y no de las familias trabajadoras. Culpables de la exclusión residencial de la clase trabajadora en sus municipios.